
Una sociedad abierta y pluralista, en la que se promuevan la dignidad humana y la igualdad de acceso a las oportunidades, y en la que se propicie el desarrollo de las iniciativas individuales contemplando además el beneficio de la sociedad en su conjunto, es una condición indispensable para que pueda ejercerse la democracia en un marco social en el que primen la libertad, la responsabilidad, la equidad y la justicia.
Para ello, es necesario que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a la información y a la educación, y el derecho a ser consultados y a participar en el proceso de toma de decisiones. Una población educada y bien informada intentará, a su vez, encontrar y generar oportunidades económicas. Los líderes políticos deberán crear un sistema legislativo que permita que tales oportunidades se concreten. Por su parte, los empresarios necesitan derechos de propiedad definidos con claridad, y un sistema legislativo transparente y ágil en su funcionamiento, que les permita administrar y desarrollar sus negocios sin los impedimentos de la burocracia.
Las naciones deben comenzar a entender que la calidad de sus gobiernos es un elemento importante en la competitividad de un país y una región. Por eso, la responsabilidad de las autoridades, la transparencia de los procesos políticos y la lucha contra la corrupción en todos los niveles deben convertirse en prioridades en todos los programas de gobierno.